Oaxaca de Juárez, 24 de julio. Estrictamente Personal. El Pemexgate fue un esquema de financiamiento alterno del sindicato de Pemex, con dinero público, que ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en 2000. Amigos de Fox fue una asociación civil creada en 1999 para triangular recursos privados que apoyaran, de manera ilegal, la campaña presidencial de Vicente Fox. El Caso Monex se refiere a cómo a través de dos empresas se armó un andamiaje financiero para canalizar recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas bancarias del banco Monex.
Los tres forman parte de cómo, en busca del poder, los políticos rompen con la ley en busca de un objetivo ulterior. Durante años, Andrés Manuel López Obrador denunció este uso ilegal de recursos, y llegó a pedir la anulación de la elección de 2012. Hoy, paradojas de la vida pública, se encuentra atrapado en el mismo dilema: ¿la fundación que creó Morena para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017 en el centro y sur del país, fue una red de financiamiento ilegal para su campaña presidencial?
Hasta este momento, de acuerdo con la investigación del INE sobre el fideicomiso “Por los Demás”, no se puede documentar que el fraude a la ley que cometieron militantes y simpatizantes de Morena al utilizar de manera ilegal recursos públicos para fines privados, hubiera terminado en las campañas de López Obrador o de los candidatos a puestos de elección popular. “Por lo que hace a los egresos”, señala el proyecto de la resolución que sustentó la multa por 197 millones de pesos por haber utilizado irregularmente recursos públicos, “el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados”.
Sin embargo, dejó abierta esa puerta. “La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los límites formales del contrato del fideicomiso”, dice el proyecto de la resolución. “La materialización y operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el entonces dirigente del partido (el 20 de septiembre), la orden de su Consejo Nacional (en sesión extraordinaria tres días después), y su puesta en práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político (el 25 de septiembre se constituyó en Banca Afirma el instrumento del fideicomiso “Por los Demás”)”.
Originalmente, Morena detalló en un boletín del 3 de octubre que se iba a hacer una dispersión de “apoyos” de dos mil 400 pesos a cada uno de las 45 mil personas damnificadas en 325 municipios y delegaciones en ocho entidades, que sumarían 103 millones de pesos, la mitad de las prerrogativas para la campaña presidencial de 2018. La operación del fideicomiso ha sido difundida profusamente por el INE y los medios de comunicación, donde sobresalen las contradicciones al contrato del fideicomiso por tolerar depósitos de recursos en efectivo.
Durante 7 días, entre el 26 y el 29 de diciembre y el 23, 27 y 28 de marzo pasados, se realizaron depósitos por 19 millones 736 mil 222 pesos en efectivo, que representa el 44.44% del total de recursos que ingresaron al fideicomiso en 16 sucursales de Banco Afirme. Del 26 al 29 de diciembre se realizaron otros depósitos en efectivo por 14 millones 733 mil 822 pesos, que representan el 33.71% del total de los recursos. El modus operandi de los depósitos fue haberlos realizado con diferencia de segundos en diversas sucursales, por un total aproximado de 20 minutos. Esta acción sistemática consistía en que nueve personas entregaban a dos cajeros 28 depósitos en total, en las sucursales analizadas, por 50 mil pesos cada uno. Los egresos fueron a través de 171 cheques, de 120 mil pesos a un millón 53 mil 120, cobrados por un número similar de personas que no estaban en el padrón de damnificados, que eran funcionarios, diputados federales y locales, o candidatos a puestos de elección popular de Morena.
Esto fue, en palabras del INE, “un sistema orquestado de organización y de maquinación necesariamente dirigido”, dentro de “un entramado de simulación y fraude a la ley”, donde no hay certeza del origen de las aportaciones de los militantes. Este tema, sin embargo, tiene músculo para crecer. Si el caso camina del órgano electoral a la autoridad judicial, se podría configurar los presuntos delitos de lavado de dinero, por hacer uso de recursos de procedencia desconocida, y por delincuencia organizada, al estar dos o más personas actuando en coordinación para cometer un ilícito.
El INE no llegó a ese nivel de imputación –no es su función-, pero admitió la imposibilidad de rastreo de esos recursos sobre el destino o fin que tuvieron. En todo caso, apuntó que la sistematicidad y encadenamiento de conductas, los llevaron a advertir que “se estaba frente a un esquema operado por y en beneficio” de Morena, que nunca perdió el control en la instrumentación y manejo del fideicomiso. La opacidad castigada por el INE arroja incertidumbre sobre el uso de esos recursos, pero quizás de manera más delicada, sobre el origen de los mismos. Se abre de esta manera la posibilidad de que se denuncie a Morena en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo que la vena penal quedaría encaminada a perseguir al nuevo gobierno de López Obrador.
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