Oaxaca de Juárez, 28 de octubre
LA JORNADA
ASTILLERO
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Históricamente difícil de gobernar, tierra de caciques (los Figueroa, como ejemplo depurado), con la violencia como método frecuente, el estado con capital en Chilpancingo fue dominado por facciones de tres colores hasta que el 6 de febrero de 2005 el empresario Zeferino Torreblanca Galindo (Guadalajara, marzo de 1954) ganó en nombre del Partido de la Revolución Democrática, con el mismo priísta de ahora, Astudillo, como contrincante. En 1999 Torreblanca había sido presidente municipal de Acapulco en nombre del PRD, pero siempre con el beneplácito del panismo, que no presentó candidato en aquella ocasión para dejar el paso libre a un político que en los cargos públicos acabó demostrando que Acción Nacional tenía razón al considerarlo muy cercano.
El siguiente perredista
en gobernar Guerrero provino de una cocción al vapor. Siempre priísta, incluso cercano a Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero no fue postulado por el PRI a la sucesión de Torreblanca (el tricolor hizo candidato a Manuel Añorve Baños, primo del propio Aguirre Rivero) y de un día para otro pasó al sol azteca, en una operación en la que participó activamente el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, con otra cesión de facto del PAN en favor de Ángel, en el contexto de las alianzas
que en varios estados realizaron Acción Nacional y el PRD. Ganó Aguirre para un periodo que fue recortado para quedar en cuatro años y siete meses, a fin de empatar los comicios locales con los federales. Durante tres años, Aguirre había sido gobernador sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, luego de la matanza de Aguas Blancas que hizo caer al mandatario de mano dura en 1996. Ironías de la historia: Aguirre cayó en octubre de 2014 a causa de otra tragedia causada desde el poder, la desaparición de normalistas en Iguala. En su lugar quedó, durante un año, el sociólogo Rogelio Ortega Martínez, con experiencia en política de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Tan peculiar ciclo perredista
(Torreblanca, filopanista, ya abiertamente declarado ahora como parte de la corriente de blanco y azul; Aguirre, priísta dinosáurico, luego adquirente de una credencial del sol azteca; Ortega, maniatado por las circunstancias, incapaz de hacer algo más que sobrellevar las cosas) terminó con la tragedia de Ayotzinapa como principal referente. El PRD no pudo remontar la condena extendida por las maniobras que le han llevado a postular a personajes con evidencias oscuras (en el municipio capitalino de San Luis Potosí hizo lo mismo, llevando a la presidencia al mismo grupo, los Gallardo, que según el mando central perredista era una repetición del esquema de Iguala) e incluso pareció dejar el camino libre a un priísta, pues el aspirante más fuerte a la candidatura del PRD, Armando Ríos Píter, se negó a ser postulado, con lo que el sol azteca se concentró en ganar
la compensatoria gubernatura de Michoacán, con Silvano Aureoles como carta muy bien vista y promovida por Los Pinos.
La batalla electoral en Guerrero se centró en PRI y PRD (Astudillo y Beatriz Mojica, respectivamente, como candidatos), con un reparto final de piezas que permitirá a estos partidos controlar la política del estado, bajo la batuta del tricolor.Morena presentó un candidato con gran preparación y congruencia política, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, pero quedó abajo del tres por ciento de la votación general. El ex comentarista deportivo, Jorge Camacho, casi llegó al cinco por ciento. Y Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, ocho por ciento.
La construcción de la candidatura formalmente triunfadora, la de Astudillo, no parece provenir de acuerdos sólidos entre los grupos priístas en constante pugna, y las condiciones presupuestales son terribles, sin dinero para los compromisos inmediatos. Todo ello en medio de una ebullición social que ha llegado a niveles muy altos de protesta, en ocasiones con tintes de revuelta, con el tema de los normalistas desaparecidos como herida abierta y como motor y ejemplo de una lucha que no cesa.
Una intensa discusión (sobre todo en Twitter) se ha desatado a partir del envenenamiento de perros en un parque de la colonia Condesa, en la ciudad de México, y del conocimiento de que las primeras investigaciones apuntan como presunta responsable (aún no detenida) a una mujer de 75 años, quien según las primeras versiones estaría harta de las heces caninas no recogidas por dueños irresponsables.
Sin justificar las acciones criminales contra esos animales, los hechos de la Condesa colocan sobre la mesa de análisis el extendido problema de los propietarios demascotas
que usan espacios públicos (parques y jardines, principalmente) para pasearlos sin control (lo cual ha producido casos de agresiones peligrosas) y, sobre todo, para los naturales desahogos intestinales que con mucha frecuencia no son recogidos por los dueños en bolsas de plástico o que incluso, habiendo sido recogidas así, luego son abandonadas a medio camino.
En estas situaciones los límites de un derecho están establecidos por los derechos de los demás, y nadie puede obligar a personas que no aman a los animales (el autor de estas líneas ama a los perros) a someterse a ciertos abusos urbanos de moda, de pasear canes sin correa ni control y dejar su excremento por doquier. Problemas son, desde luego, causados por la falta de regulación y de su cumplimiento, en un México donde la convivencia social tiene aristas difíciles y tensas.
Y, mientras la Línea dorada abre algunas de las estaciones cerradas por razones técnicas que embonaron oportunamente con la poderosa Operación Marcelo, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
PUNTOPORPUNTO
EXPEDIENTE POLÍTICO
JOSÉ CONTRERAS
Hace 75 años, el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, legalizó no solo la marihuana, sino todas las drogas conocidas en ese momento.
No hubo ni debate público ni legislativo, ni encuestas para determinar si lo que pensaba hacer era políticamente correcto o incorrecto.
Bastó con emitir un nuevo Reglamento Federal de Toxicomanía, mediante decreto presidencial publicado el 17 de febrero de 1940 en el Diario Oficial de la Federación.
El asunto viene a colación por del debate que habrá este miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con la prohibición del la marihuana.
La Primera Sala de la SCJN discutirá un proyecto de resolución que propone amparar a una organización de ciudadanos para que puedan consumir marihuana con fines recreativos.
De ser aprobado este proyecto, elaborado por el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, se abriría la puerta para la legalización y la despenalización de la marihuana.
La aprobación del proyecto contribuiría a derribar tabúes y prejuicios que impiden abordar el problema de las drogas desde un enfoque de salud pública en lugar del enfoque policiaco con que ha sido abordado, sin éxito pero con un gran costo, desde hace varias décadas.
Cuando Cárdenas legalizó las drogas (marihuana, cocaína, heroína y morfina era lo más usado) lo hizo precisamente con la idea de abordar el problema con un enfoque de salud.
Los considerandos del decreto presidencial decían entre otras cosas: “La persecución de los viciosos, que se hace conforme al Reglamento de 1931, es contraria a la justicia…debe conceptuarse al vicioso como un enfermo al que hay que atender”.
Decían también: “El único resultado obtenido (con el Reglamento prohibicionista de 1931) ha sido el encarecimiento de las drogas y que por esta circunstancia obtengan más provecho los narcotraficantes”.
El nuevo Reglamento contemplaba, en su artículo 5, la creación de dispensarios públicos de “narcóticos” en donde médicos del Departamento de Salubridad Pública otorgaban de manera gratuita las drogas que solicitaban los “toxicómanos”, que es como se refería el Reglamento a los adictos.
Ese Reglamento cardenista de 1940 contemplaba la creación de un registro de “toxicómanos” y permitía que éstos fueran atendidos en instituciones públicas o en privadas, siempre y cuando su tratamiento estuviera encabezado por médicos cirujanos autorizados.
El gobierno de Estados Unidos presionó y amenazó al mexicano con boicotear el ingreso al país de medicamento si no daba marcha atrás a la singular y audaz legalización, por lo que el presidente Cárdenas tuvo que derogar el nuevo Reglamento seis meses después de su expedición.
La más feliz con la nueva prohibición de las drogas y con la neocriminalización de los adictos fue Lola La Chata, la principal distribuidora de heroína, cocaína y marihuana de la ciudad de México, quien vio así a salvo su gran negocio.
Con la prohibición y penalización de las drogas en la actualidad, los más felices son los temibles sucesores de Lola La Chata, quienes ahora distribuyen las drogas ilegales a nivel internacional con ganancias multimillonarias.
OFF THE RECORD
**DEBATE AZUCARADO
En donde se espera un debate bastante azucarado es en el Senado, en donde los partidos no saben qué hacer con el regalazo que le hicieron los diputados a los empresarios refresqueros.
La derogación del impuesto especial a las bebidas azucaradas no tiene contentos a todos lo senadores.
Y si dan marcha atrás…¿Qué les dirán a los refresqueros?
**DESCONTÓN
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, hizo los primeros descuentos a 58 mil 428 maestros por faltar a su trabajo.
Gabino ha pasado la mayor parte de su gobierno en calidad de rehén de la CNTE.
Ya en la recta final decidió que también era capaz de mostrar a veces su mano dura.
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EXCÉLSIOR
RAZONES
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
El próximo 4 de noviembre unos 80 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal elegirán por voto libre y secreto, al nuevo titular de ese organismo, el más poderoso en el sistema de justicia de todo el país, luego de la Suprema Corte de Justicia. El actual presidente Edgar Elías Azar aspira a ser reelecto en ese cargo, tiene posibilidades muy altas de lograrlo y el que continuara al frente del tribunal sería una buena señal para un sistema en transformación como es el de la justicia en la capital del país.
Hace tres semanas, el 8 de octubre escribíamos aquí que “otra decisión importante (en el terreno de la justicia) es la posibilidad de la reelección de Edgar Elías Azar al frente del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal. Legalmente, Elías Azar puede ser reelegido y políticamente sería un acierto hacerlo. Ha realizado un muy buen trabajo en el TSJDF y tiene el respaldo de la enorme mayoría de los magistrados. Con un punto más a su favor: en pleno proceso de reforma del sistema de justicia, cuando el propio Elías Azar ha estado al frente del mismo en la capital del país a lo largo de todos los años de implementación, sería un sinsentido impulsar un cambio, precisamente, cuando se está en la etapa final de la misma. Elías Azar repetirá en su actual responsabilidad”.
No hay un sólo punto que cambiar al respecto, cuando ya estamos a una semana de la elección. Debe ser reelecto y debe concluir la labor que ha desarrollado a lo largo de estos años. Pero la lucha por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es política. Para ser quienes mandaron al diablo las instituciones en Morena saben muy bien en qué instituciones quieren anclarse y quiere controlar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a como dé lugar, quiere afianzarse en instituciones que terminen maniatando al gobierno capitalino para preparar su reemplazo en el 2018.
Con alegatos falsos sobre la legitimidad de la propia elección quieren la presidencia para uno de los suyos: Rafael Guerra Gómez y ha lanzado una ofensiva mediática en la que participan sus cuadros políticos y abogados comoJavier Quijano Baz, intentando influir en la decisión de los magistrados. El problema es que Javier no puede ocultar que se trata de una maniobra política, que él fue el abogado defensor de Andrés Manuel en el proceso de desafuero del 2005 en un proceso cuya defensa fue pagada desde el propio Gobierno del Distrito Federal. Rafael Guerra formó parte de ese equipo de defensa de Quijano paraAndrés Manuel, al tiempo que el candidato presidencial aseguraba que si llegaba a Los Pinos su procurador General de la República sería el propio Quijano. Resulta obvio que los tres (Andrés Manuel, Quijano y Guerra) trabajan en forma conjunta. Y por ende darle el Tribunal Superior de Justicia del DF a Guerra implicaría otorgarle ese instrumento de poder y justicia a Morena de cara a las elecciones del 2018.
La justicia no se puede partidizar de esa forma. Paradójicamente, muchos de los mismos que reclaman que no haya cuates ni cuotas, y tampoco partidización en las ternas que el presidente Peña llevará al Senado de la República para sustituir a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quieren ahora colocar a sus cuates y sus cuotas y así partidizar el principal órgano de justicia de la capital, colocando en la presidencia del mismo a uno de los suyos, que además ha tenido un desempeño más que cuestionable.
Porque el desempeño judicial de Guerra ha sido, por lo menos, endeble. En cuanto acabó el proceso de desafuero de López Obrador, dejó el equipo de defensores y como premio fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Desconcertó el nombramiento porque antes había sido el juez encargado, durante tres años, del tristemente célebre caso del New’s Divine, donde murieron 12 jóvenes en una tardeada tras una redada realizada por la policía capitalina con el objetivo de extorsionar a los padres, pidiéndoles dinero (es lo que habían hecho en otros casos similares en la misma zona) para no fincar cargos contra sus hijos. Hubo innumerables testimonios e incluso se contó con la grabación de los hechos, pero durante los tres años en que Guerra, muy cercano también a Marcelo Ebrard, tuvo el caso, no fue capaz de dictar una sola sentencia contra los involucrados. Los padres de esas víctimas también recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, en su caso, prácticamente los ignoró. Hasta ahora el proceso sigue en la impunidad: salvo el dueño del local nadie ha sido castigado. Y los familiares de las víctimas le siguen reclamando aGuerra su desempeño y el premio que recibió al ser designado magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
La conexión Andrés Manuel López Obrador-Quijano-Guerra está más que acreditada y esa forma partidaria de hacer justicia no puede tener legitimidad para hablar de renovación y de compromisos éticos y morales con la justicia. En ese mar de intereses político partidarios no puede naufragar la justicia en la capital del país. Elías Azar debe ser reelecto y concluir la reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país.
LA RAZÓN
PULSO POLÍTICO
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
Con un estado envuelto permanentemente en la violencia, en uno de cuyos municipios normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 de ellos desaparecidos en septiembre del año pasado; con finanzas quebrantadas y una deuda de más de 18 mil millones de pesos que le heredaron sus dos antecesores, uno constitucional y otro interino, y su ancestral pobreza e incomunicación, el priista Héctor Astudillo Flores, asumió la gubernatura de Guerrero, en medio de un aparatoso operativo de seguridad
Un reflejo de la situación que priva en esa entidad fue el vandalismo de grupos de jóvenes embozados, que se dedicaron a causar destrozos en la sede del Congreso en Chilpancingo y la enésima marcha de padres de los estudiantes desaparecidos e integrantes de la disidencia magisterial, agrupada en la CETEG, que le exigieron al nuevo mandatario lo mismo esclarecer el caso Iguala, que “derogar la reforma educativa” y cumplir los acuerdos del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Es curioso que por años, muchos televidentes hayan expresado su hartazgo de la programación de las televisoras; de la frecuente repetición de telenovelas; de los juegos de las ligas de futbol; del atosigamiento del “tri” o del “ponte la verde” y cuando se anuncia el apagón analógico, protesten, se rasguen las vestiduras y exijan que éste se posponga, aunque se viole la ley.
Y más curioso es que los mismos legisladores que discutieron y aprobaron la transición digital, sean los primeros en pronunciarse a favor de que se violen las leyes a las que ellos mismos les dieron luz verde en el Congreso, y presenten iniciativas para que no se cumpla en la fecha establecida, más con fines electorales en los estados en que habrá elecciones en 2016.
Quienes tanto insisten y apuestan a la legalización de la mariguana en México, seguramente desconocen o fingen ignorar los dramas y tragedias que se originan cuando alguno, o algunos, de los integrantes de una familia de cualquier condición social, la llegan a consumir en exceso, como es frecuente que ocurra.
Eso fue recordado ahora que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, declaró que la Ciudad de México está lista para implementar el uso de la mariguana, pero para uso médico, lo que de inmediato empezó a tener reacciones en pro o en contra.
Lo mismo aplausos de quienes pugnan por la legalización de la yerba y que ven en ese anuncio la apertura que buscan para que su uso vaya más allá de lo estrictamente medicinal, que críticas de los que definitivamente están en contra por el grave riesgo que su consumo entraña.
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