Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. El comentadísimo grito:“¡es un honor estar con Obrador!”, coreado el martes pasado por la aplastante mayoría de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, es una bofetada a la división de poderes consagrada en la Constitución.
La vieja consigna callejera, llevada hasta el recinto legislativo con motivo de la instalación de la nueva Legislatura, refleja su verdadero sentir: están allí para servir a los proyectos de un solo hombre, y no a los intereses de sus representados.
¿Alguien duda que con esa aplastante mayoría que tienen en ambas cámaras, aunado al poder que concentra López Obrador por decisión de los ciudadanos, no volvamos a los tiempos de los legisladores “alzadedos” del viejo régimen del PRI?
Habrá línea y la acatarán.
El artículo 49 de la Carta Magna establece que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en caso extraordinario. Dos a uno a que lo harán añicos.
La división de poderes deriva de la necesidad de que existan contrapesos y equilibrios entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se controlen entre unos y otros.
Eso contribuye a garantizar la igualdad de derechos inherente a una democracia.
Ya que estamos: hoy a las cinco de la tarde, diputados y senadores arrancan su Primer Periodo Ordinario de Sesiones
Las prioridades de ese periodo serán la austeridad republicana, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; y la reducción del 35 por ciento de los gastos en San Lázaro, según los morenos Porfirio Muñoz Ledo, y Martí Batres.
El caso de la senadora Nestora Salgado no para de producir reacciones.
Otra vez nos escribió el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco. Nos asegura que cuando platiquemos a detalle, nos va a convencer de que la senadora de Morena “es una secuestradora y algo más…”
Por lo pronto, nos dimos a la tarea de revisar el Informe de la CNDH, en el que se basó el exfiscal, para sostener que la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, que encabezó Nestora, violó derechos humanos, “lo cual se traduce en comisión de delitos”.
De entrada, reconoce que la Comisión no tiene facultades para investigar delitos y responsabilidad penal.
En el párrafo 263, pone en aprietos al gobierno de Ángel Aguirre, al que perteneció Blanco. La CNDH lo acusa de asumir una actitud “ambivalente y permisiva” frente a las policías comunitarias.
Las financió, las apoyó políticamente y, en otras ocasiones, las reprimió, deteniendo a sus integrantes o girando órdenes de aprehensión en su contra, asevera el informe.
Y cita el Artículo 14 de la Constitución Estatal, que otorga reconocimiento a la policía estatal y rural.
Dice:
“El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito… que no constituyen ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los pueblos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Todo eso “dentro de sus localidades, de acuerdo con sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de la Policía Comunitaria o Rural.”
Hasta allí Nestora no puede ser acusada legalmente de secuestradora por las detenciones o retenciones que ordenó como comandante de la policía comunitaria. Veremos qué nos dice Iñaki.
El presidente Peña no se podía ir sin reconocer expresamente el error de haber permitido que su esposa, Angélica Rivera, saliera a explicar públicamente el escándalo de la Casa Blanca, que marcó su administración.
“Era yo el que tenía esa responsabilidad”, admitió el mandatario saliente, en uno de los promocionales que se proyectan en la televisión con motivo de su Sexto y Último Informe de Gobierno.
La aclaración no sólo se la debía a su esposa y a sí mismo, sino a toda la gente que se sintió ofendida por ese escándalo.
Peña Nieto ya le había pedido perdón a la sociedad en el 2016 por ese escándalo. Dijo que lastimó a su familia, dañó la investidura presidencial y la confianza de los mexicanos con ese tema, pero no mencionó a su esposa.
En este último spot no se movió de la postura de que la adquisición de la Casa Blanca fue “estrictamente legal”, pero volvió a reconocer que el asunto impactó la credibilidad del gobierno.
Una buena noticia para las personas con discapacidad audiovisual. A iniciativa de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, todas las sesiones del pleno del Inai tendrán interpretación “a lengua de señas mexicanas”.
El acuerdo se tomó de forma unánime por los comisionados, que de esta manera se alinearon a los principios internacionales establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas.
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