Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. Si todas las afirmaciones que hizo Jesús El Rey Zambada en la Corte Federal de Brooklyn son ciertas, desde hace unas dos décadas México es un narcoestado. Según Zambada, el presidente Enrique Peña Nieto recibió dinero del Cártel del Pacífico desde que era gobernador del Estado de México, y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, también. Gabriel Regino, el brazo derecho de Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, igual. Gobernadores, generales, comandantes de la policía con las manos llenas de dinero sucio a cambio de brindar protección a Ismael El Mayo Zambada, jefe de esa organización criminal, hermano de El Rey y compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien se juzga en Nueva York.
Bajo esa misma lógica declarativa, pronto aparecerían otros nombres que en algún momento tuvieron relaciones institucionales, al menos, con personas a quienes se ha investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos funcionarios de Los Pinos en la administración de Peña Nieto y de Vicente Fox, o futuros funcionarios en el gobierno entrante de López Obrador. Exprocuradores federales y estatales, periodistas y empresarios, jueces y religiosos también serían embarrados en el potaje de los Zambada. Pero son tan extraordinarios los señalamientos del criminal detenido en 2008 en la Ciudad de México, que habría que preguntar exactamente qué es lo que está persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, a la que se le sumaron para el juicio de El Chapo fiscales de la Corte en Miami y del Departamento de Justicia.
El caso rebasó a Guzmán. Todo el Estado mexicano está a juicio en Nueva York. Pero también, inversamente, el gobierno de Estados Unidos. García Luna fue doblemente verificado por la DEA y revisado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos tiempo antes que lo señalara Zambada de haber recibido dinero sucio, y el gobierno estadounidense le otorgó una visa extraordinaria de residencia, que sólo dan a contadas personas en el mundo, además de que entre los socios de su consultoría figura José Rodríguez, quien como número dos de la CIA fue el encargado de encontrar la pista que finalmente llevó a Osama bin Laden. Regino trabajaba con Ebrard y López Obrador, quienes a su vez contrataron los servicios de asesoría en materia de seguridad de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y actualmente el abogado personal del presidente Donald Trump. Si las cosas son como las plantea Zambada, ¿nunca estuvieron enterados de lo que hacían las personas con las que estrechamente trabajaban?
Todo esto no niega la infiltración de los cárteles de las drogas en instituciones mexicanas y la penetración que durante años les ha permitido operar con altos rendimientos. Habría que recordar al general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas, quien 48 horas después de haber sido reconocido en la Casa Blanca por el general Barry McCaffrey, zar de las drogas en la administración Clinton, fue detenido por su involucramiento con El Señor de los Cielos, Amado Carrillo. O la razón por la que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo iba a recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigione aquél mayo de 1993, en que lo asesinaron en el aeropuerto de Guadalajara: para inaugurar una mueblería de Eduardo González Quirarte, un acaudalado empresario tapatío que era en realidad lugarteniente de El Señor de los Cielos.
Lo que se propone en este texto es un ejercicio dialéctico para poder entender qué es lo que está sucediendo atrás del banquillo de testigos en la corte neoyorquina. ¿Por qué los testimonios de Zambada fueron filtrados? En cambio los de Osiel Cárdenas, el exjefe del Cártel del Golfo que inició el reclutamiento de militares que se convirtieron en Los Zetas, que se acogió al programa de testigos protegidos, se mantuvieron en secreto sin que la prensa supiera nada de lo que testificó y contra quién. Zambada actúa como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, ciudadano estadounidense que trabajó bajo sus órdenes y la de los hermanos Beltrán Leyva en la Ciudad de México, y cuando se presentó a juicio en Estados Unidos habló como El Rey ahora, por lo que su testimonio fue desechado porque no se sostenía en evidencias.
Las afirmaciones de Zambada hay que tomarlas con cuidado. Por ejemplo, ¿alguien se pregunta por qué afirma haberles dado seis millones de dólares a Peña Nieto y García Luna en un restaurante a ambos, pero en momentos diferentes? ¿Alguien se cuestiona por qué en los dos casos dijo que hubo dos entregas? Puede ser una mera coincidencia, pero puede que no. Hace casi 20 años, dos exagentes de inteligencia de la Marina vendían en un millón de pesos la “información” de que Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, estaba vinculado al narcotráfico. La historia de los dos agentes, confrontada por este reportero, no se sostenía. La DEA los había acogido en su programa de testigos protegidos, pero a los seis meses los regresó a México. No servían para nada. Su “información” era falsa, pero un periódico capitalino la publicó y manchó para siempre el nombre de Salinas.
El testimonio de Zambada recuerda aquella historia de finales de los 90. Una vez más hay que subrayar que no se plantea la inexistencia de vínculos con el narcotráfico de nadie de los expuestos, pero se tiene que probar con evidencia, como otros casos de alto impacto. De otra forma estaremos ante una enorme cortina de humo para esconder a no sabemos quién o quiénes, de qué nivel y en qué lugar, o con qué propósito ulterior.
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