Oaxaca de Juárez, 29 de julio. La Red de Defensa de los Derechos Humanos en Puebla (RDDHP) denunció que existen más de 30 desapariciones forzadas de activistas políticos y luchadores sociales en el país en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, como consecuencia de la criminalización de la protesta social.

En tanto, Judith Salazar, miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), reveló que en lo que va de la administración panista en México han desaparecido 3 mil personas, cifra que dobla los mil 300 casos documentados en la gestión priista.

Precisó que este tipo de desapariciones no sólo corresponden a las que se catalogan como forzadas, sino que también son por razones políticas y por narcotráfico.

Durante el Foro Nacional Contra la Impunidad, celebrado ayer en las instalaciones del sindicato de Telefonistas de Puebla, los integrantes de la RDDHP exigieron celeridad a las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República sobre dichos casos.

Refirieron que desde el 25 de mayo de 2007 desaparecieron los defensores de derechos humanos del estado de Oaxaca, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes hasta la fecha no han sido encontrados.

En el foro, también participó Pilar Noriega, penalista y defensora de los derechos humanos, explicó que la desaparición forzada de personas, que consiste en la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o grupos que actúen con la autorización de las autoridades, se tipificó en México como delito desde hace más de dos décadas.

Pese a que ya es un delito, abundó, las desapariciones forzadas continúan siendo una práctica usual y extendida por todo el territorio mexicano.

Explicó que ahora se suele “disfrazar” las desapariciones con levantones supuestamente perpetrados por el narcotráfico.

Nadín Reyes Maldonado, miembro del Comité Hasta Encontrarnos indicó que anteriormente se daban al amparo de regímenes autoritarios, pero ahora forman parte del terror de la guerra contra el crimen organizado y tocan incluso a ciudadanos que no están ligados con ningún tipo de lucha social.

Noriega subrayó que el Estado está obligado a reparar y garantizar los derechos humanos, investigar las desapariciones perpetradas por elementos del Ejército y otros órganos del Estado, así como a legislar adecuadamente la desaparición, poner fin a la impunidad y reparar el daño a las víctimas y sus familiares.