Comunicado
Oaxaca de Juárez, 28 de agosto.
CARTA PÚBLICA Gabino Cué Monteagudo Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca PRESENTEQuienes conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) nos ponemos en contacto con Usted luego de haber sido informadas de la reciente amenaza contra la defensora Silvia Pérez Yescas,fundadora de Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA).
Según la información recibida, el pasado 19 de agosto de 2014 la defensora fue contactada por una persona cercana, quien le informó que en la comunidad de San José Río Manzo, San Juan La lana, Oaxaca, estaban ofreciendo dinero para matarla “…cuídate mucho están dando cien mil pesos por asesinarte…”
Es de nuestro conocimiento que el hecho fue denunciado el jueves 25 de agosto de 2014 en la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (FIDTS) bajo la averiguación 14/FIDTS/2014.
Por su parte, las autoridades informaron a la defensora fue que si la persona de confianza que proporcionó dicha información no denuncia, ellos no pueden hacer nada. Lo que evidencia la falta de compromiso y el condicionamiento de las autoridades estatales para garantizar la seguridad de la defensora, quien –como es de conocimiento de las autoridades- desarrolla su labor en defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y los pueblos indígenas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo permanente.
Asimismo, la defensora informó a la RNDDHM que ha recibido la presencia en su casa de personas que se han identificado como policías. De igual forma, sus vecinos fueron interrogados por personas desconocidas sobre la ubicación de la defensora y su familia. Sin embargo, al informar y cuestionar a la FIDTS sobre el envío de los policías, ésta respondió a la defensora que no ha existido ninguna diligencia ministerial en este sentido.
Cabe mencionar que en días recientes, Silvia Pérez Yescas y sus abogados, revisaron la carpeta de investigación que contiene todos los incidentes de seguridad y agresiones que la defensora ha recibido desde el año 2010 a la fecha, y a pesar de haber pasado un año de iniciada, únicamente se tenían registradas dos diligencias, a las que recientemente se han sumado dos más. Aunado a ello, las agresiones permanecen impunes, evidenciando así la omisión de las autoridades de procuración de justicia del Estado de Oaxaca para que la defensora pueda acceder de manera pronta y sin condiciones a la justicia.
Del 2011 a la fecha, la RNDDHM ha recibido información sobre el incremento de agresiones y actos de hostigamiento contra la defensora y su organización, recibiendo incluso amenazas de muerte. El incremento de estas agresiones derivó en la incorporación de Silvia Pérez Yescas al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal desde noviembre de 2012. Sin embargo, a pesar de que la Junta de Gobierno del Mecanismo dictó medidas de protección a su favor en diciembre de 2012, sólo una de las 5 de las cinco medidas dictadas fue implementada parcialmente.
Posteriormente, en julio de 2013 éste órgano dictó la ampliación de dichas medidas, incluyendo infraestructura de seguridad en su casa y escolta permanente. Sin embargo, las medidas de infraestructura generan enormes costos de energía eléctrica a la defensora, los cuales no fueron considerados por el mecanismo, y ante la imposibilidad de que Silvia pueda asumir dichos gastos, las medidas mínimas de infraestructura hasta ahora implementadas, podrían dejar de funcionar, lo cual aumentaría el riesgo para la defensora, su familia y la organización.
En febrero de 2014 la defensora informó a las autoridades correspondientes sobre su regreso al estado de Oaxaca, luego de haber permanecido desplazada de su comunidad poco más de un año, debido a las agresiones de las que estaba siendo objeto en enero de 2013[1], pese a ello, Silvia no obtuvo respuestas eficaces por parte de las autoridades del Estado de Oaxaca, ni del Mecanismo del Gobierno Federal.
Contrario a ello, la defensora tuvo que hacerse cargo de la mayoría de los requerimientos necesarios para su regreso, el cual no contó con los protocolos de seguridad. De entonces a la fecha, es la defensora quien primordialmente se ha hecho cargo de su protección y la de su familia.
De igual forma, dicho proceso ha carecido del apoyo de las autoridades para garantizar la reinserción de la defensora en su comunidad en condiciones de seguridad, ya que las medidas que desde el gobierno estatal se implementaron, fueron insuficientes. Son las organizaciones de la sociedad civil quienes han apoyado el retorno de la defensora.
A lo largo de este tiempo, tanto las autoridades estatales como federales han argumentado la falta de recursos para la implementación de medidas de protección eficaces. Lo que evidencia la falta de voluntad política y de coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Ante ello, las 168 defensoras de derechos humanos de 95 diversas organizaciones, ubicadas en 21 estados de la República y el Distrito Federal que conformamos la RNDDHM, manifestamos nuestra preocupación por la vida e integridad física de la defensora y exhortamos al gobierno que Usted encabeza a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para evitar hechos irremediables contra la defensora.
Es de conocimiento de la opinión pública la situación de violencia y riesgo que viven las mujeres en Oaxaca y particularmente las defensoras y mujeres periodistas. Tan solo en los 6 primeros meses del año 2014, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca ha documentado 59 ataques contra defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.
Asimismo, el Diagnóstico 2012 “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, coloca a Oaxaca como el estado con el mayor número de agresiones contra defensoras, por lo que nos unimos a la preocupación y al llamado para que las defensoras y mujeres periodistas en Oaxaca realicen su labor en condiciones de seguridad.
Finalmente, recordamos la importancia de la labor de las defensoras de derechos humanos en la construcción de la democracia y la igualdad, como lo ha referido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la resolución 22/6 sobre la Protección de las y los defensores de los derechos humanos aprobada en marzo de 2013, en la que:
“Insta a los Estados a reconocer públicamente la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho como elemento esencial para asegurar su protección, entre otras cosas respetando la independencia de sus organizaciones y evitando la estigmatización de su labor”.
Como Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos en México, al igual que la comunidad nacional e internacional nos mantendremos pendientes de la acciones que tanto las autoridades estatales y federales emprendan para garantizar de manera efectiva la protección de la defensora Silvia Pérez Yescas y su familia.
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