La impresión es abrumadora al observar la actitud de los propios familiares de los jóvenes y de los activistas: para preservar la idea de que el culpable fue el Estado, no señalan a los responsables confesos del crimen.

Luego de dos años, abogados, padres y activistas no tocan ni con el pétalo de un señalamiento a los 130 autores intelectuales y materiales detenidos. Tampoco a los últimos que los vieron vivos. Ahora, en cambio, viajan por el mundo pagados por no se sabe quién o quiénes: ahora son políticos.

Su propio vocero siembra sospechas sobre la credibilidad y las intenciones del “movimiento” por el caso Iguala, ya que declaró ante el MP como Manuel Vázquez Arellano, mientras en público se presenta indistintamente como Omar García Velásquez, Omar Salgado Bahena, Omar Vázquez Arellano.

Con ninguna de sus cuatro identidades aparece inscrito en la Normal de Ayotzinapa y en los expedientes judiciales el delincuente El Cepillo (asesino confeso y preso) lo señala como miembro del cártel Los Rojos, rival de Guerreros Unidos, el cártel señalado como perpetrador de la masacre.

Abogados, padres y activistas jamás apuntan a los culpables (ya encarcelados y la mayoría confesos) de la desaparición de los 43 jóvenes:

–El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que pidió al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, que los desapareciera para impedir que sabotearan un acto de su esposa, María de los Ángeles Pineda.

–Gildardo López, lugarteniente de Sidronio Casarrubias, autor del ataque a los 43 jóvenes porque pensó que eran integrantes del grupo delictivo Los Rojos.

— Rubén Nuez Salgado, operador financiero de Guerreros Unidos.

–Los asesinos confesos Patricio Reyes El Pato, Jonathan Osorio El Jona y Agustín García El Chereje.

–Los 44 policías municipales de Iguala y Cocula, y 17 integrantes de Guerreros Unidos presos.

Es decir, aun cuando continúen abiertas otras líneas de investigación, a dos años del caso Iguala, se ha hecho justicia a los desaparecidos y sus familiares en más de un centenar de autores intelectuales y materiales. Sólo que abogados, padres y activistas se niegan a aceptarlo.

¿Por qué se niegan? Perderían el negocio del que muchos viven hace dos años: desde quienes viajan por el mundo y medran políticamente a costa del “movimiento”, hasta organismos internacionales e investigadores de medio mundo que cobran millones de dólares por diferentes participaciones en el caso.

Mucho dinero, y muchos intereses…

Como para cerrar el caso.