Oaxaca de Juárez, 24 de octubre
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNDifícil imaginar la medida en que se despresurizarán las tensiones políticas por el caso Iguala con la salida de Ángel Aguirre de la gubernatura de un estado en que las manifestaciones han llegado a la vandalización, destrucción y quema de instalaciones públicas y también privadas.
Su caída, obvio, no resuelve lo medular: dar con el paradero de los 43 normalistas rurales, con los asesinos de seis personas (tres de ellas también estudiantes de Ayotzinapa) y atrapar a los autores intelectuales.
Con el Ángel caído, ¿modificarán su habitual rijoso comportamiento los activistas de la facción guerrerense de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los alumnos de la misma escuela normal?
¿Dejarán de secuestrar autobuses, de saquear camiones de carga y de privar del derecho al libre tránsito a quienes circulan por la autopista México-Acapulco?
¿Harán lo propio sus correligionarios en Oaxaca, Michoacán o Chiapas?
Aguirre se va, pero nada garantiza que cese la virulencia ni la comisión de delitos en hipócrita demanda de “justicia”.
cmarin@milenio.com
CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEEl exhorto del PRI y el PAN del martes, más el clamor en su contra que seguramente surgiría de las protestas en las plazas del país indicaban, entre otros factores, que el miércoles era un buen día para que el gobernador Ángel Aguirre pidiera licencia y se marchara.
Pero Aguirre y los incondicionales que le quedaban pensaron que, atrincherándose con el maniqueo discurso de que los guerrerenses los defenderían del “linchamiento que se orquestaba en la Ciudad de México”, podrían sortear la crisis que, inexorablemente, se detonaría el sábado 26, al cumplirse un mes de la noche siniestra de Iguala y los 43 desaparecidos.
Ayer se impuso la lógica. Un gobernador repudiado por las víctimas, apestado en los foros, que había roto con el gobierno federal y carecía de fuerza para hacer alianzas siquiera en el PRD, no duraría en el cargo. Pudo haber pedido licencia el miércoles. La pidió el jueves. Adiós. Aunque para él esta historia apenas comienza. La noche de Iguala lo perseguirá por el resto de sus días.
Hay 100 ángulos para continuar el análisis y jugar a la prospectiva. Me limito a pensar que la espantosa caída de Aguirre es una señal grave para los gobernadores omisos en la lucha contra la criminalidad. Los que hacen como que no ven. La fatalidad puede tocarlos en cualquier momento.
Lo que los presidentes Calderón y Peña Nieto no consiguieron por las buenas, Iguala y Ayotzinapa lo estarían imponiendo con esta secuencia de hechos infernales: obligarlos a estar en la primera línea de la batalla en defensa de sus gobernados.
Nunca más volver a cerrar los ojos ante los criminales.
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESAlgo sucedió en la administración federal que la crisis de Iguala, que este fin de semana cumplirá ya un mes, dejó al gobierno paralizado durante días y rompió el ritmo, la imagen, el Mexican Moment del que tanto se habló después de la Reforma Energética y de la exitosa visita presidencial a Nueva York.
Es difícil entender por qué sorprendió la crisis de Iguala. No porque no se supiera de las relaciones de muchos presidentes municipales y policías estatales de la región con los grupos criminales. Tampoco nadie tendría que sorprenderse de que el gobernador Ángel Aguirre le haya fallado a las autoridades federales cuando le pidieron el mismo sábado 27 de septiembre que tuviera el control de la situación y no perdiera de vista al presidente municipal: las lealtades no son su fuerte, y en el PRI lo debería de saber mejor que nadie. Mucho menos tendría que haber sido sorpresivo que el estado no estuviera en condiciones de afrontar una crisis: no pudo con la muerte de otros dos estudiantes y la del trabajador de una gasolinera en la autopista del Sol, al comienzo de la administración local; tampoco durante Ingrid y Manuel; era previsible que ahora tampoco podría.
¿Qué ha fallado entonces? Creo que el mayor problema es que en la administración federal se autoconvencieron de que la situación de seguridad estaba controlada, que el control mediático permitía un cambio en las percepciones, que la coordinación y la buena fe con los gobiernos estatales era suficiente, y que todo ello era parte de una nueva estrategia. Aquí hemos dicho muchas veces, desde la campaña electoral, cuando todos hablaban de una nueva estrategia de seguridad, que en este tema nadie inventa el hilo negro: no puede haber nuevas estrategias de seguridad, lo que puede haber, y eso sí se hizo, son nuevas políticas para implementar esas estrategias. Pero las medidas a implementar son las mismas: construcción de nuevas instituciones policiales locales, basadas en un nuevo modelo, copiado de la Policía Federal; persecución de jefes de bandas y desarticulación de éstas; reformar el Ministerio Público y el sistema judicial para evitar la impunidad y sobre todo trabajar desde el ámbito local: el municipal y el estatal, para evitar sorpresas como las de Iguala. Hay lugares donde se han hecho bien las cosas, con toda la gama de grises que se quiera, como Nuevo León o Chihuahua, antes Baja California. Otros donde se intenta avanzar. Pero otros donde sencillamente no hay noticias del compromiso con la seguridad más allá de los discursos puntuales.
En el sexenio pasado la relación del gobierno federal con muchos gobernadores no fue buena. En éste, esa relación ha mejorado. Pero muchos gobiernos locales (el caso de Guerrero es paradigmático) siguen haciendo lo mismo que hacían en el sexenio pasado: se sientan en las reuniones, dicen a todo que sí, apoyan en lo que se les pide y luego no implementan las políticas en sus ámbitos de decisión. Se instalan en su zona de confort y complicidades. Hasta que una crisis los sacude e incluso así, como vemos en Guerrero, creen que pueden salir de ella simplemente navegando, dejando pasar el tiempo.
La crisis de la seguridad es compleja, no se resuelve en forma sencilla ni con gestos dramáticos, tampoco simplemente con diálogo y coordinación, necesarios ambos pero insuficientes. Hay que trabajar en lo político y lo legal para hacer lo que no se pudo en el pasado: llevar al cuerpo legal las acciones que se deben acometer, que no queden al buen entender de gobernadores y presidentes municipales; establecer medidas que sean inflexibles en la exigencia de que esas políticas se cumplan: pasa con el nuevo modelo policial (¿en qué se dio un sólo paso en Guerrero, y podríamos decir lo mismo en otros estados, en estos años en ese sentido?); con el Mando Único; con la reforma del sistema penal; de las procuradurías; con los mecanismos de control de confianza; con el control presupuestal en gastos de seguridad (y en muchos otros ámbitos). Más allá de la buena voluntad debe haber un mandato legal para avanzar en estos temas y debe haber claros y transparentes mecanismos de revocación de mandato para quien no cumpla con ellas. El gobierno federal se puede hacer cargo de muchas cosas, pero tarde o temprano, si las soluciones no comienzan a darse en los estados y municipios, la Federación se ve rebasada. Ocurrió el sexenio pasado, está ocurriendo en éste.
Tenemos que ver a un gobierno federal dando una vuelta de tuerca a sus políticas de seguridad, vuelta de tuerca que debe comenzar por aceptar que la seguridad es, junto con la economía, el mayor desafío que tiene el país. Y actuar en consecuencia, haciendo para la seguridad, reformas estructurales tan profundas o más, porque la situación lo amerita, como las logradas en la energía o las telecomunicaciones. Y para eso se necesita asumir que en ese ámbito hay mucho por hacer, y escuchar a quienes más saben, no sólo a los que más adulan.
Cambios
Habrá dos movimientos importantes en el gobierno federal. El muy eficaz y experimentado Rodrigo Archundia deja la subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, para ser parte de la nueva Fiscalía general. Se encargará de una de las fiscalía regionales. Y en la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, el subsecretario Carlos Almada, uno de los mejores funcionarios públicos del país, dejará esa posición para asumir una muy importante tarea en el servicio exterior. Éxito a ambos.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROSignado por las matanzas, Aguirre era un cadáver político tirado a media calle y ayer llegó a acuerdos de sepultura incruenta. Busca impunidad y quiso que el sucesor le fuera afín. En el libreto pinolero la siguiente página será el anuncio de la detención del alcalde con licencia (hoy prófugo) José Luis Abarca, probablemente acompañado por su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, pareja a la que distintas versiones confiables dan por ya capturada, pero sujeta a preparaciones para su presentación ante los medios y para hacer sus primeras ‘‘revelaciones’’ (que podrían estar programada y negociadamente dirigidas a involucrar a personajes igualtecos de un partido naciente).
El derrumbe de Aguirre Rivero será siempre recordado como consecuencia de lo sucedido en Iguala hace casi un mes, en una mezcolanza de hechos de barbarie y de intereses, grupos y cálculos políticos que sumieron al gobierno de Enrique Peña Nieto en una crisis profunda, derribando con estrépito internacional los ensueños del mexiquense que se esforzaba en clasificarse como estadista y reformador histórico. Aguirre gobernó como sus congéneres, desatento al vibrar de los asuntos populares, dedicado más bien al plácido entendimiento con los factores de las cúpulas, en la buena vida pagada con dinero público.
La mayor culpa de Aguirre, conocida hasta ahora en el caso Iguala, es que actuó como todos los políticos (¿cuál será la excepción en los estados del país?) que actualmente ocupan cargos ejecutivos: dejar que los poderes fácticos, sobre todo el crimen organizado, arreglen sus asuntos conforme a sus circunstancias, que ‘‘gobiernen’’ en sus regiones, y beneficiarse de esos negocios para efectos de enriquecimientos personales, familiares y grupales, y para seguir ‘‘haciendo política’’. Es decir, para financiar campañas, apoyar candidatos, ‘‘comprar’’ voluntades superiores y garantizar a las élites amafiadas que el gran negocio seguirá funcionando con la protección de los políticos y los gobernantes. En ese contexto, Aguirre y el PRD, con Los Chuchos por delante, pero no los únicos, han sido pragmáticamente funcionales.
Aguirre se regaló, sin embargo, dos satisfacciones ínfimas. Salió a anunciar su solicitud de licencia antes que Carlos Navarrete cumpliera con el orden escenográfico acordado, en el que el sol azteca solicitaría a ‘‘su’’ gobernador que dejara el cargo y éste, luego de ‘‘reflexionar’’, así lo haría. El guanajuatense saltó al foro ya a destiempo, para dar a conocer un hecho político sin sustento, pues estaba pidiendo a Aguirre que hiciera lo que ya había hecho. La otra complacencia que se concedió el mandatario saliente (fue sustituto, fue constitucional, es licenciado) fue el apunte cuidadoso de que él hizo las cosas adecuadas y que informó oportunamente a la administración federal, aunque luego trató de equilibrar las cosas al agradecer a Peña Nieto el apoyo siempre recibido.
Es obvio que la caída del nacido en Ometepec no resuelve lo sustancial. Los normalistas siguen desaparecidos y cada día que pasa se consolida en ciertos segmentos sociales la percepción de que se está en presencia de maquinaciones federales macabras que tratan de repartir culpas al mayor número de factores posibles (sobre todo al PRD y a Morena), regular datos para impedir estallidos de indignación cuando se revele la verdad de los hechos e incluso aprovechar las circunstancias locales para propiciar el retorno formal del PRI al poder.
Nada sustancial cambiará con la salida de Aguirre. En todo caso, la administración peñista tendrá mejores condiciones para seguir manejando el caso Iguala, en el que pretende aislar los puntos de responsabilidad para adjudicarlos sólo a los planos municipal (Abarca y Pineda, la ‘‘pareja solitaria’’) y estatal (Aguirre, el mal gobernador que hubo de irse), cuando es evidente que el federal también tiene alta responsabilidad en lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa, pues no hubo absolutamente ninguna movilización de militares, marinos, gendarmería, policías federales, Cisen o Secretaría de Gobernación para impedir sucesos que duraron horas en su consumación, pretendiendo incluso el propio Peña Nieto la conversión de esos hechos en meros temas regionales, dejando pasar el tiempo y centrando todo en la ‘‘responsabilidad’’ que los gobernadores deberían asumir. Peña Nieto, pues, como Aguirre y como Abarca, tiene cuotas de responsabilidad que no se pueden eludir.
Por otro lado, Los Chuchos habrán aumentado su participación accionaria en los asuntos del gobierno de Guerrero si consiguen (como todo apuntaba anoche) que sea Beatriz Mojica Murga (BMM) la sucesora de Ángel Aguirre Rivero. Ella fue diputada federal y hasta ayer era secretaria de Desarrollo Social en la administración del propio Aguirre. Con dos maestrías (una en el ITAM y otra en un centro francés), Mojica tiene su propia corriente perredista en Guerrero, Nueva Mayoría (NM), que es una de las expresiones regionales que a lo largo del país concurren en el esquema global político de Nueva Izquierda (Los Chuchos).
Y, mientras ayer eran encontradas nueve fosas más cerca de Iguala, con restos humanos, ¡hasta el próximo lunes, con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara presionando para que se conozca la verdad y se haga justicia en el caso de uno de sus compañeros, muerto en Guanajuato luego de ser detenido por policías!
Twitter: @julioastillero
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