Artículos y columnas políticas (07:47 h)

En las alturas del poder la temperatura es placentera. Luego de varias pruebas de vuelo, que llevaron al nuevo avión presidencial a destinos como Playa del Carmen y Acapulco, el Boeing 787 Dreamliner, lujosamente llamado José María Morelos y Pavón,fue estrenado ayer. El Palacio Flotante (PaF) queda a disposición del ocupante de Los Pinos, y familia, mientras el resto del gabinete podrá usar ahora la nave que fue relevada por antigua y peligrosa, aunque ahora esa pátina y riesgos mortales serán gustosamente asumidos por los secretarios del mismo equipo precavido (a propósito del PaF, dijo ayer Enrique Peña Nieto que esinformación distorsionada el llamarle palacete a ese vehículo cuyo costo total de arranque se estima en 8 mil millones de pesos, incluyendo los mil mdp que a dedo fueron asignados a una de las firmas integrantes del consorcio identificable como Inmobiliaria Higa, para remodelación de un hangar que tendrá sólo cinco años de vida útil).

El estreno histórico contó con la participación de 10 niños así premiados por sus buenas calificaciones y excelencia académica (esta columna no la hará de aguafiestas con cavilaciones respecto del contraste entre invitados y anfitrión). El destino escogido para el debut fue Sonora, la tierra del fundador del PRI (entonces llamado Partido Nacional Revolucionario), Plutarco Elías Calles; de un candidato presidencial priísta asesinado, Luis Donaldo Colosio (a quien EPN rindió ayer homenaje, pues habría cumplido 66 años de vida); del actual secretario del gabinete presidencial para asuntos electorales, Manlio Fabio Beltrones; de la gobernadora beltronista, Claudia Pavlóvich, y de las familias de otros niños que también pudieron llegar a obtener buenas calificaciones, excelencia académica y vuelos de premio, los pequeños de la guardería ABC cuya muerte sigue impune, entre arreglos de conveniencia entre priístas (el entonces gobernador Eduardo Bours) y panistas (la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo) en un episodio de una historia desatada desde entonces de muertes sin castigo a lo largo del país.

Tuvo relación con la Fuerza Aérea Mexicana (ayer cumplió 101 años de creada esa rama militar) la fecha escogida para el primer vuelo oficial de la polémica adquisición ordenada por Felipe Calderón y no rechazada por Peña Nieto. Dicho viaje inaugural fue acompañado por aviones de combate F5, habrá de verse si como deferencia por la efeméride o por los riesgos que por aires, aguas y tierra se producen en aquellas tierras norteñas donde algunos cárteles prosperan. Este mes, por cierto, EPN tendrá una fuerte interacción con los cuerpos castrenses debido a la acumulación de fechas con celebraciones especiales, lo que le permitirá enviar mensajes políticos calculados.

Desde el piso 12 de otra novedad de temporada, durante la inauguración de la Torre BBVA Bancomer, el martes se expresaban reconfortantes vaticinios respecto de la situación de México ante su propia crisis y la mundial. En sus planeos declarativos de prueba, Enrique Peña Nieto y los ejecutivos del banco hispano ven a México como seguramente ha de verse desde una ventanilla del avión arriba mencionado. Hay problemas, sí, pero habrán de resolverse, y las variantes macroeconómicas y la sabia conducción gubernamental habrán de vencer la adversidad, son las coordenadas de los vuelos de los capitanes de empresa y los oficiales gubernamentales. Tanto entusiasmo ante el futuro de un país que otros consideran en picada debe provenir de la nobleza tributaria hacia ultramar de la economía mexicana que, por ejemplo, mayoritariamente mantiene a flote desde la sucursal de acá al aparato trasnacional de BBVA.

En otro nicho de las alturas, el papa Francisco se niega a hacer pancho en México respecto de múltiples temas graves que organizaciones civiles diversas consideran deberían ser tratados con claridad y fuerza por el visitante en sus discursos y en sus audiencias aunque fueran privadas (no por encimita o con señalamientos enérgicamente generales). Oficialmente, el No Pancho habrá de consumir su tiempo en México sin dar aliento directo ni escuchar a los familiares de los 43 desaparecidos de Iguala, según las versiones oficiales hasta ahora difundidas.

Ese caso de los 43 es el más grave de una amplia lista de agravios violentos que la sociedad mexicana ha recibido y que el jefe espiritual de un amplio segmento de los mexicanos no debería desdeñar, sobre todo si se considera que el argentino ha hecho en otras ocasiones señalamientos y críticas que han alentado a considerarlo un pontífice diferente a los que hasta ahora han sido tan cercanos al poder, prácticamente adosados a él. Y, sin embargo, hay quienes esperan una sorpresa de un Bergoglio que, aseguran, suele romper con las jaulas de oro.

No es que la institución genere un especial aprecio social, pues en tal entidad se vive una criminalidad sin control, pero la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha hecho, por boca de su titular, una especie de autorización involuntaria para que a partir de publicaciones en medios y comentarios en Internet se puedan emitir fuertes e incluso infamantes declaraciones formales respecto a, por ejemplo, el comportamiento de políticos y funcionarios, comenzando por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Según el filósofo de la comunicación social Luis Ángel Bravo, ocupante de la fiscalía antes mencionada, esa oficina pública relacionó con ámbitos del narcotráfico a la reportera Anabel Flores, recientemente secuestrada y luegoejecutada, no porque tuviera información propia en firme o investigaciones profundas e incontestables, sino que el departamento de comunicación social de la fiscalía, partiendo de todos los rumores, comentarios en redes, algunas notas que incluso podemos consultarlas, daban por hecho ese escenario, así que para no diluir todas las posibilidades de las arterias de la investigación, fue que se consignó en boletín oficial. Bueno, luz verde a dar como oficial lo que en notas periodísticas y redes sociales se publique respecto de la clase política del país y de ese estado. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

PUNROPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

Cuando estuvo al frente de la PGR, Jesús Murillo Káram tenía la obligación de descubrir la verdad jurídica de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Pero lo que Murillo nos ofreció no fue la verdad jurídica, sino algo que él mismo denominó la “verdad histórica” sobre la barbarie de Iguala.

Ahora sabemos que lo que en realidad nos recetó fue una gran mentira histórica.

La versión oficial expuesta por Murillo fue que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron entregados por policías municipales de Iguala y de Cocula a integrantes del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de este segundo municipio.

Murillo intentó sustentar esta versión no en declaraciones ministeriales ni en peritajes serios, sino en testimonios de algunos detenidos, rendidos ante una cámara de video, sin valor procesal.

Esta gran fantasía ha sido desvirtuada científicamente por al menos cuatro  entes distintos, independientes entre sí.

Los primeros en cuestionar la versión de la PGR fueron los investigadores de la UNAM,  Jorge Montemayor, y de la UAM,Pablo Ugaldea, quienes tras realizar una investigación concluyeron que era imposible que 43 cuerpos hubieran sido calcinados en una sola noche en el basurero de Cocula.

La versión de los científicos universitarios mexicanos, que se hizo pública el 11 de diciembre del 2014, fue subestimada por la mayoría de los medios de comunicación del país y por el gobierno federal. Parecían declaraciones sensacionalistas.

Por esas fechas, el astronauta de la NASA, Andreas Eligium, revisó los satélites detectores de incendios y no encontró evidencia de que entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014 haya habido uno en el basurero de Cocula.

El 23 de julio del 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer su informe especial, en el cual exhibe una serie de irregularidades e insuficiencias en la investigación de la PGR, lo que ponía en duda la versión oficial de Murillo.

Tres meses después, el 6 de septiembre del 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó, tras realizar diversos peritajes, que no hubo incendio en el basurero de Cocula ni el 26 ni el 27 de septiembre de 2014.

Y apenas el pasado martes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –integrado por expertos de varias nacionalidades–  concluyó, tras más de un año de investigaciones, que “no es posible que los perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 normalistas”.

Hay medios de comunicación, entre ellos La Razón, que se han dedicado a desvirtuar el trabajo de los expertos internacionales tanto del EAAF como de la CIDH, y a desliza la esquizofrénica idea de que hay un complot contra el gobierno federal.

Eso equivale a suponer que los científicos de la UNAM y de la UAM, el astronauta de la NASA, la CNDH, los integrantes del EAAF y los expertos de la CIDH se pusieron de acuerdo para molestar al pobre de Murillo o al presidente Enrique Peña Nieto.

Dejémonos de patrañas. La PGR nos vendió una mentira histórica y ahora está obligada a presentar nuevas conclusiones convincentes sobre el paradero real de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

OFF THE RECORD

**¡¡QUE YA SE VAYA!!

Muchos capitalinos están hartos de los cortes viales, del cierre de comercios y del estrangulamiento de varias zonas de la Ciudad de México por la visita del Papa Francisco.

El grito unánime es: ¡¡Ya queremos que se vaya!!

Y eso que todavía ni siquiera llega.

**FRENA JUEZ NOVELA

Un juez federal concedió a Kate del Castillo un amparo para impedir que la PGR filtre información relacionada con la relación de la actriz con El Chapo Guzmán.

A partir de la recaptura del narcotraficante, la PGR armó toda una novela con entregas cotidianas mediante filtraciones a medios de comunicación tradicionales.

La novela entra en receso por orden de un juez.

expedientepolitico@yahoo.com.mx

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twitter:@pepecontreras_m

EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Resulta difícil explicar y, mucho más, comprender el empeño del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y, ligado con ellos, al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cuando intentan negar las investigaciones oficiales relacionadas al caso Iguala, sobre todo en lo que se refiere al tema de la incineración de los jóvenes secuestrados en el basurero de Cocula.

La única explicación termina pasando por una suerte de convicción militante. Ya sea por una desviación profesional —debido a la historia de sus integrantes o  por lo que les ha tocado vivir en sus respectivos países—, pareciera que la única tesis que pueden sustentar es la de “fue el Estado”, pese a que es evidente que el crimen de Iguala fue cometido por el narcotráfico. De entrada, sus propios estudios paralelos están prendidos con alfileres. Ninguno de ellos fue realizado por expertos en esos temas y, de hecho, son más opiniones que información dura. No obstante, los presentan en forma tan concluyente que, paradójicamente, exigen que no se realice ningún otro peritaje diferente al que ellos realizaron.

El estudio del EAAF y el GIEI es muy controversial. Según su informe, el área estudiada no permite una incineración de los cuerpos. Pero, según los dictámenes químicos de la UNAM y del Instituto Mexicano del Petróleo sí. Incluso, en esta zona, donde existe un alto impacto térmico, fueron hallados residuos de diesel, gasolina y llantas carbonizadas. Se trata de un área de 140 metros cuadrados con una hondonada de 40 metros de profundidad: una suerte de horno natural gigante. Dicen los forenses que ellos encontraron trozos de madera y troncos no afectados por el fuego, pero no los recogieron del área afectada. Por su parte, el estudio de la PGR y la UNAM muestra que las plantas e insectos sí fueron dañados por el mismo. Los forenses reconocen que no estuvieron cuando fueron sacados los restos del río San Juan porque decidieron no ir, pese a que, previamente, se les informó de la búsqueda que allí se realizaría. Dicen que no fueron testigos del hallazgo de armas y de municiones debido a que no tenían personal acreditado en balística, sino en antropología, criminalística y genética (que es su verdadera especialidad). Mucho menos cuentan con expertos en dinámicas de fuego, con lo que, por cierto, admiten nunca haber trabajado.

Resulta inadmisible entonces que rechacen que se realice un nuevo peritaje con expertos de distintos países para definir un punto clave: si pudieron o no ser incinerados los jóvenes en Cocula. Además, los miembros de EAAF y de GIEI no han querido tomar en cuenta el testimonio de los asesinos materiales, quienes fueron detenidos pocos después de los hechos. Tampoco han tenido en cuenta las declaraciones de los aprehendidos hace pocas semanas, quienes aceptan que llevaron allí a un grupo de jóvenes (no se tiene la cifra exacta, algunos dicen que fueron unos 19, otros que más), quienes afirman que allí los mataron e incineraron, para, acto seguido, arrojar sus restos al río. ¿Por qué diablos todo este grupo de detenidos tendría que reconocer un crimen, aceptando por separado, incluso en el tiempo, su participación si no ocurrieron así los hechos? ¿Quién podría explicar que los jefes de los sicarios Sidronio Casarrubias y Gildardo López Astudillo, El Gil, acepten que ordenaron secuestrar, asesinar e incinerar a los jóvenes? ¿Por qué el mensaje en el celular de uno de los asesinos informando “los hicimos polvo jefe, nunca los van a encontrar?”.

Me resisto a pensar que todo es una forma de presión para que se renueve el contrato millonario en dólares que se vence para ambos grupos en abril. Tengo la mejor impresión, incluso agradecimiento personal, del trabajo que ha desarrollado en Argentina el EAAF, pero esta vez se están equivocando gravemente. Están extrapolando un crimen que, a todas luces, fue cometido por grupos criminales en acuerdo con autoridades locales, e intentan perfilarlo como un crimen de Estado contra sus opositores políticos. Ello demuestra un profundo desconocimiento de la dinámica y de los métodos de la violencia en nuestro país.

El caso Iguala tiene algunas excepcionalidades pero está muy lejos de ser atípico. Desde hace años, los diferentes grupos del narcotráfico suelen desaparecer los cuerpos de sus rivales y de sus víctimas. Lo pude constatar en la casa de El pozolero en Tijuana, en Uruapan y en Ciudad Juárez, donde muchos fueron quemados con ácido y arrojados en fosas comunes en colonias de clase media. En el campo también se queman. Muchas veces eso pasó en Cocula y en la sierra de Guerrero, antes y después de los jóvenes de Ayotzinapa. Y acaba de pasar con los muchachos levantados en Tierra Blanca, en donde un par de ellos podrían estar relacionados con temas de robo de combustibles y carros, pero que no tenían ni la más mínima relación con la política; en el rancho El Limón, en Tlalixcoyan donde fueron encontrados restos de dos de ellos, también se encontraron los de muchas otras personas. La lista es interminable. Los criminales en México secuestran, asesinan, queman, desaparecen cuerpos. Ésa es la realidad que no se quiere aceptar. Pero es más fácil decir que fue el Estado. Y si imponen esa tesis, los verdaderos asesinos son quienes lo agradecerán al recuperar su libertad.

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Con el de Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, sacada violentamente de su domicilio por un comando armado la madrugada del lunes para ser torturada y ejecutada, son 17 los periodistas asesinados durante los cinco años del gobierno priista de Javier Duarte en Veracruz, entidad convertida en tumba de ellos y en cementerio clandestino de centenares de desaparecidos, que han sido denunciados con insistencia e ignorados por las autoridades estatales.

De estos últimos, cinco jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Tierra Blanca el 11 de enero pasado, entregados a un grupo criminal que los mató y cuyos restos de dos fueron encontrados en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, que el Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, acaba de descubrir que ha sido usado como lugar para asesinar, incinerar y desaparecer a “algunas personas”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En víspera de la llegada del Papa Francisco a México, y ante las declaraciones que ha hecho en el Vaticano de que no viene a ser “tapadera” de la situación que vive nuestro país por la violencia, la corrupción y el narcotráfico, el Gobierno federal no tiene temor de lo que pueda decir, declaró el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva.

El que fuera presidente del PRI y líder de la Cámara de Diputados en los tiempos de hegemonía de ese partido, aseguró que la expresión “temor” no existe en el Gobierno de la República, y que lo que hay es “una gran expectativa” por lo que pueda decir el jefe de la Iglesia católica durante su visita a la CDMX y a los estados de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

Agregó que las palabras del Sumo Pontífice tendrán sin duda efecto en la sociedad y en las estructuras propias del gobierno en todos sus niveles, “pero definitivamente no hay temor” de que se refiera a temas específicos como el caso Iguala o a los que “afectan a México de manera general”.

Lo cierto es que a unas horas de que el Papa Francisco arribe al país, en los altos niveles del Gobierno federal hay si no “temor”, sí preocupación de lo que pueda decir cuando vea la miseria y abandono que hay en Chiapas, o la violencia que no cesa en tierras mexiquenses, michoacanas y chihuahuenses.

Roque Villanueva salió al paso de quienes advierten que esa visita vaya a ser usufructuada política y electoralmente por gobiernos de los tres niveles, dado que el componente oficial de la misma “no busca de ninguna manera generar alguna ganancia” en tal sentido, como lo señalan dirigentes y legisladores de los partidos políticos de oposición que así lo han advertido de manera reiterada.

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