Artículos y columnas políticas (07:58 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre

Cuando una treintena de violentos atacó el 8 de noviembre la fachada de Palacio Nacional y prendió fuego al portón central, cientos de manifestantes pacíficos permanecieron en la plancha de la Plaza de la Constitución.

¿Por qué la policía capacitada en contención de multitudes no separó a unos de otros y encapsuló a los vándalos?

Eso hizo, por cierto, la mañana del 20 cerca del aeropuerto internacional, con más de 200 agresores… ¡que soltó después! Lo más probable es que fueran los mismos quienes por la noche atacaron a militares y policías en el Zócalo.

¿Por qué tampoco algún contingente policiaco se plantó entre pacíficos y violentos y a éstos no se les atrapó?

De ahí que varios de los pocos consignados aleguen inocencia y afirmen que fueron detenidos en puntos distantes al del enfrentamiento.

¿Qué dichoso “protocolo” aplicaron las policías del DF y Federal?

Intriga también saber por qué no se utilizó el disuasivo recurso del equipo de  sonido de la Plaza de la Constitución.

De haberlo hecho, serían menos las dudas respecto de corretizas, maltratos y aprehensiones…

cmarin@milenio.com

Circula desde el gobierno federal la versión de que, a más tardar el jueves, el presidente Peña Nieto anunciará una serie de medidas que cimbrarán a la política y la sociedad.

Tendrían que ver con un cambio de eje al que ha sido forzado el gobierno tras el golpazo de las ocho últimas semanas. Del proyecto de mover a México después de las exitosas reformas, se transitaría con sentido de urgencia a una reestructuración radical del Estado de derecho, la procuración de justicia y el esquema de las policías. Se respaldaría vigorosamente el Sistema Nacional Anticorrupción, que encabezará el PAN. Y habría un énfasis en tres entidades: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El anuncio será una suerte de lúgubre segundo aniversario de gestión. Concluiría así la era del triunfalismo peñanietista. No hay espacio para tratar de darle la vuelta a una realidad tan desfavorable con discursos y propaganda que no lleven a ninguna parte.

Bien describió ayer Luis Rubio que noviembre se extingue con la percepción de un gobierno desaparecido, y una combinación de enojo, resentimiento y sensación de haber sido engañados que no puede conducir a nada bueno. Yo agregaría que ese enojo toca hoy a las capas bajas, medias y altas de la sociedad. Algo que quizá no se vivía desde los primeros meses del 1995 poserror de diciembre.

Más le vale acertar al Presidente, porque si falla, si desilusiona con viejas recetas y medicinas caducas, difícilmente tendrá una segunda oportunidad de aquí a 2018.

Eso significaría cuatro años de turbulencia. Cuatro años de crisis. Horribles.

El país, la sociedad, los partidos, las instituciones, el gobierno, en los medios, necesitamos una tregua. Hay demasiada violencia, demasiado rencor, demasiada desazón y pesimismo en el ambiente político, económico y social, y cuando ello ocurre esos sentimientos se pueden mantener por años y envenenar la vida de más de una generación. Destruir una nación.

El país necesita una tregua: la tesis de agudizar las contradicciones, se escuchaba muy bien cuando los maoístas lo aplicaban en su tesis de la guerra popular prolongada, y hoy algunos, que poco o nada tienen que ver ni con el maoísmo ni siquiera con la izquierda, pero que tampoco comprenden que esta realidad tampoco nada tiene que ver con aquella, no comprenden que agudizar las contradicciones, se haga desde la izquierda, el centro o la derecha, acaba con las democracias y sólo le abre el paso a los populismos autoritarios, que siempre terminan pareciéndose o siendo una dictadura, más allá del ropaje con el que se vistan.

Una tregua no significa acabar con las diferencias ni mucho menos. Según el diccionario se llama tregua “a la cesación de hostilidad por determinado tiempo entre los enemigos que tienen rota o pendiente una guerra sin que por ello quede ésta terminada”. Y se requiere una cesación de hostilidades políticas porque si no no habrá espacio para realizar los ajustes que la situación política, económica y social requiere y mucho menos para que maduren las reformas estructurales que se han aprobado en los últimos años.

Se necesita una tregua en la política porque estamos yendo, más allá de los aciertos, errores, verdades y mentiras que se esgrimen cotidianamente, hacia lo que se llama un sistema de aniquilación mutua asegurada. La verdad es que nadie, ningún partido político, está íntegramente libre de sospechas, desconfianza, debilidades, actos de corrupción, reales o supuestos. Pero la consigna enarbolada por aquellos que piden “que se vayan todos”, no comprenden o no quieren comprender que eso significa que alguien se queda y que no sólo las cosas no cambian sino que suelen empeorar.

¿Para qué entonces una tregua política? Para poder establecer acuerdos constitucionales que permitan sacar adelante reformas sobre el Estado de derecho, la justicia y la lucha contra la corrupción que no saldrán mientras las fuerzas políticas estén acusándose unas a las otras en forma virulenta. No debe ser tampoco un acuerdo entre partidos sino entre poderes e instituciones, donde todos participen. Y no hay tiempo: si esas medidas, que todos sabemos cuáles son, no toman identidad propia rápidamente, se contaminarán con el proceso electoral y la respuesta será la parálisis.

Se asegura que hoy podría salir adelante un acuerdo de estas características. Incluso se asegura que la comisión que comenzaría a trabajar en estos temas estaría encabezada por el rector José Narro Robles. Si es así, será una muy buena noticia.

Pero se necesita también una tregua económica. El INEGI acaba de dar a conocer una encuesta de ingresos de la población y el resultado es aterrador: hoy sólo el 7% de la población gana más de 10 mil pesos mensuales. Y paradójicamente ese siete por ciento es el más castigado, además, por las medidas fiscales en curso. Se necesita darle celeridad a la propuesta del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de incrementar los salarios mínimos al mismo tiempo que se declara una tregua fiscal que permita mayores deducciones a los causantes y que en el terreno empresarial permita aligerar algunas de las restricciones a la consolidación. Y de la mano con ello se deben acelerar las inversiones públicas y las condiciones para las privadas.

Una tregua de estas características no tendría por qué ser eterna. Sería, como toda tregua, por un espacio de tiempo, una suerte de política económica de emergencia. ¿Por cuánto tiempo? Digamos que dos o tres años antes de que lleguen las nuevas elecciones presidenciales, pero también la fecha que es cuando se supone que las reformas estructurales comenzarán a cristalizar en resultados tangibles. Se puede hacer todo: ajustar la política, luchar contra la corrupción o abatir la inseguridad, pero si la gente sigue sin sentir que su economía mejora, si sigue sintiendo que no tiene dinero en su bolsillo, si los hijos siguen viviendo peor de lo que vivieron sus padres, todo eso servirá de muy poco.

Por supuesto que habrá quienes no estén en absoluto interesados ni en una tregua ni mucho menos en establecer acuerdos. Hay quienes piensan que cuanto peor estén las cosas, es mejor… por lo menos para ellos. Pero son una minoría aunque hoy pareciera que esas minorías le están dictando la agenda a las mayorías y la razón es simple: cuando no se sabe hacia dónde se va, decía Séneca, ningún viento es favorable. Y hoy no hay claridad, ni en el gobierno ni en las oposiciones, para decirle a la gente hacia dónde vamos.

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